Para su conocimiento a fin de contribuir en una apropiada toma de decisiones con relación a la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada, se sugiere consultar el decreto 4959 de diciembre de 2007, Resolución 00224 del 17 de enero de 2008 y circular externa No 01 de enero de 2008; Igualmente, me permito citar la disposición de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada frente a la contratación de celadores porteros y vigilantes en conjuntos residenciales; para dar cumplimiento a la normatividad expedida y no ser objeto de sanción alguna por parte del organismo rector que supervigilia la actividad de vigilancia y seguridad privada.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ejerce control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia, entendiendo como servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con este mismo fin; los que sólo se podrán prestar mediante la obtención de licencia o credencial expedida por esta Entidad. Lo anterior de conformidad con lo previsto en los Artículos 2 y 3 del decreto 356 de 1994, en tal sentido esta definición debe entenderse concordada con la dada en el Artículo 24 del Decreto 2453 de 1993.

En consecuencia, cualquier actividad que realice una persona natural o jurídica, no importa la denominación que se le dé (portero, conserje, celador, recepcionista, rondero, vigilante, etc.), que se subsuma o se halle dentro de la anterior definición del artículo 2 del Decreto 356 de 1994; por querer del legislador se entienden como ejercicio de actividades de vigilancia y seguridad privada, por lo tanto y conforme al artículo 3 del mismo decreto, solamente podrán prestar estos servicios de vigilancia y seguridad privada, las empresas de vigilancia y seguridad privada que tengan licencia de esta Superintendencia.

Es de destacar que las actividades realizadas como las de abrir y cerrar la puerta, control visual o a través de medios tecnológicos en espacios determinados, revisar paquetes, permitir el acceso de personas o de vehículos, en los edificios o conjuntos residenciales, están circunscritas dentro del anterior concepto, diferentes de las labores propias de aseo, limpieza y administración de las que la Entidad no ejerce control.

Por lo anterior, a partir de la vigencia del decreto Ley 356 del 11 de febrero de 1994, los conjuntos residenciales no pueden contratar directamente a personas para que les presten servicios de vigilancia y seguridad privada, por lo que se les exige contratar un servicio de vigilancia y seguridad privada que tenga licencia de funcionamiento de esta Superintendencia.

Su incumplimiento será sancionado con medidas cautelares establecidas en el Artículo 75 del decreto 356 de 1994 así:

ARTÍCULO 75. MEDIDAS CAUTELARES. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, impondrá medidas cautelares a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de los vigilados sin contar con la debida autorización y a los vigilados que infrinjan lo dispuesto en el presente decreto y en especial lo dispuesto en los títulos V y VII de este Decreto, así:

1. Orden para que se suspendan de inmediato tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes cada una, mientras persista esta situación.

2. La suspensión de la licencia o permiso de funcionamiento, cuando sea del caso.

3. terminación rápida y progresiva de los contratos o servicios desarrollados ilegalmente, mediante intervención especial de la Superintendencia, que garantice eficazmente los derechos de terceros de buena fe.

ARTICULO 91. CONTRATACION DE SERVICIOS. Las personas naturales, jurídicas o entidades oficiales que contraten servicios de vigilancia y seguridad privada, con empresas que no tengan licencia de funcionamiento, o que la misma se halla vencida, serán sancionadas con multa que oscilará entre 20 y 40 salarios mínimos legales mensuales la cual se impondrá por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y deberá ser consignada en la Dirección General del Tesoro a su favor.

Por otra parte, El Decreto 4950 de 2007, fue expedido con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales del personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada.

Por lo tanto, bajo el entendido que esta norma fue establecida con el fin de propender por la idoneidad en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada se debe dar estricto cumplimiento y evitar que se menoscaben los derechos de los trabajadores.

En consecuencia el contratar el servicio con tarifas inferiores a las legalmente establecidas, además de afectar la idónea prestación del servicio al usuario, genera sanciones para los vigilados y las personas naturales, jurídicas o entidades oficiales que contraten servicios de vigilancia y seguridad privada de conformidad con el numeral 30 del artículo 164 de la resolución 2852 de 2006.

El Decreto 4950 de 2007, señalo las tarifas mínimas aplicadas para los servicios de vigilancia y seguridad privada aplicadas a los servicios de vigilancia y seguridad privada durante 24 horas 30 días al mes, señalando su valor en 8.6 salarios mínimos legales mensuales más el 10% de (Administración y supervisión) para el servicio de vigilancia con armas y el 8% para el servicio de vigilancia sin armas.

Sobre el tema la Superintendencia expidió la Circular 001 de 2008, con el fin de clarificar y determinar algunos parámetros que permiten efectuar el cálculo de la proporcionalidad de acuerdo a los requerimientos en cada caso en particular, de acuerdo al turno solicitado. Es pertinente tener en cuenta, el Impuesto al valor Agregado IVA que corresponde al 1,6%.

De otra parte me permito informarle que las normas de vigilancia y seguridad privada están previstas en las siguientes disposiciones:

1. ley 62 del 12 de agosto de 1993, mediante la cual se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y se reviste de facultades al Presidente de la República.

2. Ley 61 del 12 de agosto de 1993 por el cual se reviste al Presidente de la Republica para reglamentar la vigilancia y seguridad privada.

3. Decreto 2453 del 7 de diciembre de 1993.

4. Decreto 2535 del 17 de diciembre de 1993.

5. Decreto 356 del 11 de febrero de 1994.

6. Decreto 619 del 22 de marzo de 1994.

7. Decreto 1809 del 3 de agosto de 1994.

8. Decreto 2974 del 16 de diciembre de 1997.

9. Decreto 1979 del 17 de septiembre del 2001.

10. Decreto 2187 del 12 de octubre del 2001

11. Decreto 71 del 18 de enero del 2002

12. Decreto 73 del 18 de enero del 2002

13. Ley 746 del 19 de julio de 2002

14. Decreto 1612 del 31 de julio de 2002

15. Decreto 4950 del 27 de Diciembre de 2007

16. Resolución 2852 de 2006

Conforme con lo anterior, el vínculo que exista entre las personas que prestan servicios de vigilancia en forma legal con los contratantes, estará sujeto al régimen establecido por esta Superintendencia y por lo tanto, sus hechos y consecuencias se sujetaran al mismo.”

Sin otro particular,

Atentamente,

Teniente Coronel de I.M. (r) GUILLERMO LARA PAEZ

Gerente General ADMEJORES SEGURIDAD LTDA

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